El Reglamento dispone que el Beneficio Complementario será también otorgado a los pensionistas de viudez, orfandad e invalidez. En el caso de los titulares de la pensión de viudez y orfandad, el beneficio se otorgará siempre que se deriven de una pensión de jubilación establecida al amparo de la Ley Nº25009 y la Ley Nº27252 y a los titulares de las pensiones de invalidez, siempre y cuando los aportes se hayan originado por labores realizadas en las actividades, minera, metalúrgica o siderúrgica a que se refieren las leyes antes indicadas.

CÁLCULO DEL BENEFICIO COMPLEMENTARIO

El Beneficio Complementario equivale a la diferencia que resulte entre el monto pensionario obtenido aplicando las normas pertinentes de los sistemas previsionales y el monto obtenido según el promedio de las remuneraciones percibidas por el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha de cese.

El monto del Beneficio Complementario a otorgarse más la pensión de jubilación que perciba el beneficiario no podrá ser mayor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

PAGO DE APORTES

En cuanto al pago de aportes, el Reglamento señala que están obligados a retener el aporte, los sujetos que paguen o acrediten remuneraciones a los trabajadores, dichas retenciones deberán ser pagadas a la SUNAT dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.

Los aportes del empleador deberán ser pagados a la SUNAT dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes siguiente de presentada la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta que efectúen las empresas.

APLICACIÓN TEMPORAL DE LOS APORTES

Los aportes de los trabajadores devengados hasta la vigencia del Reglamento serán pagados de manera fraccionada en 12 cuotas mensuales, en el plazo previsto en el Código Tributario para obligaciones de determinación mensual.

El Reglamento dispone que la SUNAT emitirá las normas correspondientes dentro del mes siguiente de la entrada en vigencia del mismo.

Los aportes de los empleadores correspondientes al periodo 2012 se efectuarán en el 2013, teniendo como referencia la Declaración Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio gravable 2012. Cabe señalar que la norma no hace referencia a los aportes correspondientes al periodo del 10 de julio (fecha a partir de la cual entró en vigencia la ley 29741) a diciembre de 2011.

FECHA DE INICIO DEL PAGO DEL BENEFICIO COMPLEMENTARIO

El pago del Beneficio Complementario se efectuará a partir del 11 de enero de 2013, siempre que el ex/-trabajador haya presentado la solicitud con anterioridad a dicha fecha.

El pago del Beneficio Complementario se efectuará a partir de la fecha de presentación de la referida solicitud, siempre que ésta se presente desde la fecha mencionada en el párrafo anterior.

Quedamos de ustedes para absolver cualquier duda y/o consulta que pudiese surgir.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Laboral:

Alberto Varillas Cueto                                       avarillas@garciasayan.com.pe

Jaime Durand Planas                                       jdurand@garciasayan.com.pe

Macarena Morales Mailhe                                mmorales@garciasayan.com.pe

Daniel de la Vega Zavala                                 ddelavega@garciasayan.com.pe

Claudia Seminario Gómez                              cseminario@garciasayan.com.pe

El día de hoy, por Decreto Supremo N° 007-2012-TR, se ha aprobado el reajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a la suma de S/. 750.00 a partir del 1 de junio de 2012.

Dicho incremento incide directamente en una serie de conceptos, tal como indicamos a continuación:

(1)   25% adicional a RMV.

(2)   Reajustada en igual proporción que la RMV (11.11%).

(3) 3 RMV. Aplicable a los periodistas profesionales colegiados que hayan desempeñado durante más de cinco años la actividad periodística.

(4)   35% adicional a la RMV si se trabaja entre 10:00 p.m. y 6:00 a.m. y se percibe la RMV.

(5)   Subvención no menor a la RMV cuando se cumpla con la jornada máxima prevista para cada modalidad formativa. En caso de ser inferior el pago será proporcional.

(6)   Subvención no menor a 2 RMV.

(7)   10% de la RMV.

(8)   9% de la RMV.

Quedamos de ustedes para absolver cualquier duda y/o consulta que pudiese surgir.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Laboral:

Alberto Varillas Cueto                                       avarillas@garciasayan.com.pe

Jaime Durand Planas                                       jdurand@garciasayan.com.pe

Macarena Morales Mailhe                                mmorales@garciasayan.com.pe

Daniel de la Vega Zavala                                 ddelavega@garciasayan.com.pe

Claudia Seminario Gómez                              cseminario@garciasayan.com.pe

Asimismo, la norma señala que la presentación de la DAC, y sus anexos, se realizará de manera gratuita de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo I, que contiene las Instrucciones para la presentación de la declaración en mención. Para dicho efecto, los titulares mineros deberán acceder vía internet a la página web: http://extranet.minem.gob.pe, para lo cual deberán contar el Nombre de Usuario y Clave Secreta, utilizados para las declaraciones mensuales.

Cabe señalar que el mismo procedimiento señalado en el Anexo I, también es de aplicación para aquellos titulares mineros, que al 31 de diciembre del año 2011, hayan estado debidamente acreditados como Pequeños Productores Mineros o Productores Mineros Artesanales.

Por último, les recordamos que de acuerdo al Anexo II de la norma, los siguientes titulares de la actividad minera, están obligados a presentar la DAC:

1. Titulares de concesiones mineras, de beneficio, de labor general y transporte que tengan sus estudios ambientales aprobados.
2. Titulares de concesiones mineras, de beneficio, de labor general y transporte que hayan dado aviso a la autoridad minera competente sobre el inicio de sus actividades mineras.
3. Titulares de concesiones mineras, de beneficio, de labor general y transporte en los que la autoridad fiscalizadora competente haya comprobado que se ha realizado actividades mineras sin los permisos correspondientes.
4. Titulares de concesiones mineras que vienen presentando sus estadísticas de producción en cumplimiento de la normativa vigente.
5. Titulares de actividades mineras, que se encuentran en las etapas de exploración, construcción, operación o de cierre de minas y los que tengan actividades mineras paralizadas.

Finalmente, en el caso de que no se presente la DAC, los titulares de la actividad minera estarán sujetos a las sanciones de multa que correspondan.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Minero – Ambiental.

José Miguel Morales Dasso                            jmmorales@garciasayan.com.pe

Diego Grisolle Fontana                                    dgrisolle@garciasayan.com.pe

Samuel Vaisman Yalta                                     svaisman@garciasayan.com.pe

Eduardo Ramirez Patrón                                  eramirez@garciasayan.com.pe

Paula Maldonado Hernández                          pmaldonado@garciasayan.com.pe

Mariana Devercelli Ruiz                                    mdevercelli@garciasayan.com.pe

Dichas sociedades deberán preparar sus estados financieros conforme a las NIIF vigentes y auditarlos por una sociedad de auditoría habilitada por un Colegio de Contadores Públicos en Perú y remitirlos a la SMV conjuntamente con la información comparativa con el ejercicio anterior dentro del plazo comprendido entre el 1 al 30 de junio del siguiente ejercicio económico, de acuerdo con el cronograma que elabore la SMV.

La UIT aplicable para efectos del cálculo del importe total de ingresos anuales y activos totales y, en consecuencia, determinar si debe presentarse la información financiera a la SMV será la vigente al 1 de enero del año siguiente del cierre del respectivo ejercicio económico.

La información financiera presentada a la SMV será de acceso público debiéndose, para tal efecto, presentar una solicitud ante la SMV y el pago del trámite, debiendo la SMV proveer la información en un plazo de siete (7) días hábiles, prorrogable por cinco (5) días hábiles adicionales.

La SMV ha previsto que las normas bajo comentario sean aplicadas de manera gradual, tal como se indica a continuación:

(i) Las sociedades cuyos ingresos anuales o activos totales superen, al  cierre del ejercicio 2012, las 30,000 UIT (actualmente S/.  109,500,000 o aproximadamente US$ 41 MM), así como las sociedades subsidiarias de empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores cuyos ingresos anuales o activos totales superen, al cierre del ejercicio 2012, las 3,000 UIT (actualmente S/. 10,950,000 o aproximadamente US$ 4.1 MM), deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2012 y deberán aplicar las NIIF vigentes a partir del ejercicio económico 2013.

(ii) Las sociedades cuyos ingresos anuales o activos totales sean iguales o superen, al cierre del ejercicio 2013, las 3,000 UIT (actualmente S/. 10,950,000 o aproximadamente US$ 4.1 MM) deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2013 y deberán aplicar las NIIF vigentes a partir del ejercicio económico 2014.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados del Estudio:

Luis Gastañeta Alayza                                     lgastaneta@garciasayan.com.pe

Manuel Gastañeta Carrillo de Albornoz       mgastaneta@garciasayan.com.pe

Shirley Cárdenas Chamochumby                scardenas@garciasayan.com.pe

Alfonso Tola Rojas                                          atola@garciasayan.com.pe

Juliana Silva Cabrera                                      jsilva@garciasayan.com.pe

Considerando que la SUNAT desea brindar mayores facilidades a los empleadores para que actualicen la información del T-REGISTRO y que aun es bajo el  porcentaje de contribuyentes usando del mismo, la Resolución de Superintendencia Nº 095-2012/SUNAT modifica el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 212-2011/SUNAT, disponiendo ampliar la etapa de uso opcional del PDT Planilla Electrónica – PLAME hasta el periodo de setiembre de 2012, siendo obligatorio a partir del periodo de octubre de 2012, siempre que  en dicho periodo el sujeto obligado deba informar de Trabajadores, Pensionistas, Prestadores de servicios que obtengan rentas de quinta categoría o se encuentran incorporados como asegurados regulares por mandato de una ley especial, de personal en formación Modalidad Formativa Laboral y otros y Persona de Terceros.

Asimismo, , se ha dispuesto que, si en el periodo por el cual se presenta la declaración el sujeto obligado únicamente cuenta con prestadores de servicios que obtienen rentas de cuarta categoría, corresponderá utilizar el PDT Planilla Electrónica – PLAME desde el periodo de noviembre de 2011.

De otro lado, la Resolución de Superintendencia Nº 095-2012/SUNAT aprueba una nueva versión del PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 0601 – versión 1.92, el mismo que estará disponible en SUNAT Virtual desde el 25 de mayo de 2012 y podrá ser utilizado desde el 1º de junio de 2012 hasta el periodo de setiembre de 2012.

Finalmente, a través de la Disposición Complementaria Única, se modifica el inciso 1.5 del numeral 1 “Datos del empleador” del Rubro I “Del T-REGISTRO (Registro de Información Laboral”) del Anexo Nº 1 “Información de la Planilla Electrónica”, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 121-2011-TR, el mismo que a partir de la entrada en vigencia de la presente norma indicará: “1.5 Desarrolla actividades por la que aporta al SENATI”.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados del Estudio:

Dr. Alfredo Gastañeta Alayza                 agastaneta@garciasayan.com.pe

Dra. Rossana Rodríguez Ruíz              rrodríguez@garciasayan.com.pe

Dra. Karina Montestruque Rosas        kmontestruque@garciasayan.com.pe

Dra. Carmen Burgos Sánchez              cburgos@garciasayan.com.pe

Dra. Vivian Burga Espinoza                   vburga@garciasayan.com.pe

En efecto, señala la Administración que conforme al artículo 10° del Decreto Legislativo N° 892 la participación en las utilidades así como la participación que el empleador otorgue unilateralmente a sus trabajadores en virtud de la ley, o por convenio individual o convención colectiva, constituyen gastos deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría.

La SUNAT cita lo dispuesto en el  el inciso v) del artículo 37º de la Ley del IR que considera como gastos deducibles aquellos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley y   además hubieran sido pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.

En consecuencia, al calificar  la participación de las trabajadores como una renta de quinta categoría conforme al artículo 34° de la Ley del IR, la misma constituye un gasto deducible para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, correspondiendo deducirse en el ejercicio al que corresponda siempre que haya sido pagada hasta dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual respectiva.

Teniendo en cuenta  la base legal anteriormente citada, para efectos tributarios, no resulta de aplicación la Resolución N° 046-20011-EF/94 del Consejo Normativo de Contabilidad que precisa que el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores en las utilidades determinadas sobre bases tributarias deberá efectuarse conforme a la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 19 Beneficios a los Empleados y no por analogía con la NIC 12- Impuesto a las Ganancias o la NIC 37- Provisiones, Pasivos, Contingentes y Activos Contingentes.

Es decir, aún cuando contablemente la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas puede ser reconocida como gasto o costo de un activo, no podrá seguirse tal tratamiento para efectos impositivos, dado que existe regulación tributaria específica que dispone que dicho concepto deberá ser deducido como gasto.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Tributaria:

Alfredo Gastañeta Alayza                               agastaneta@garciasayan.com.pe

Rossana Rodríguez Ruíz                               rrodriguez@garciasayan.com.pe

Karina Montestruque Rosas                         kmontestruque@garciasayan.com.pe

Carmen Burgos Sánchez                              cburgos@garciasayan.com.pe

Vivian Burga Espinoza                                    vburga@garciasayan.com.pe

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El Reglamento precisa el deber del empleador de capacitar a los trabajadores en materia de prevención, indicando que la formación debe estar centrada:

• En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
• En los cambios en las funciones que desempeñe cuando éstos se produzcan.
• En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan.
• En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
• En la actualización periódica de los conocimientos.

En cuanto a la obligación del empleador de adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, El Reglamento precisa que las recomendaciones deben considerar los riesgos del centro del trabajo y los relacionados con el puesto de trabajo. Asimismo, se indica que los contratos de trabajo en los que no consten por escrito las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a más tardar, el primer día de labores.

Respecto de la documentación que el empleador debe exhibir, tenemos:

• La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.
• El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• El mapa de riesgo.
• La planificación de la actividad preventiva.
• El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cabe señalar que El Reglamento dispone que la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, deben ser exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo.

Por otro lado, El Reglamento señala los Registros Obligatorios con los que debe contar el empleador, entre los que se incluye, en comparación con la anterior regulación, al Registro de auditorías:

• Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligroso y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
• Registro de exámenes médicos ocupacionales.
• Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores  de riesgo disergonómicos.
• Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
• Registro de estadísticas de seguridad y salud.
• Registro de equipos de seguridad o emergencia.
• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
• Registro de auditorías.

Asimismo, El Reglamento dispone que los Registros Obligatorios deben contar con la información mínima establecida en los formatos que aprobará la Autoridad de Trabajo.

En el caso de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador usuario o principal también debe implementar el Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, para el caso de trabajadores destacados o desplazados en sus instalaciones, según sea el caso, así como para las personas bajo modalidad formativa y los que presten servicios de manera independiente.

El empleador deberá conservar el Registro de Enfermedades Ocupacionales por 20 años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligros por 10 años y los demás registros por 5 años. Para tal efecto, el empleador deberá contar con un archivo activo donde figuren los eventos de los últimos 12 meses y un archivo pasivo para la información de periodos anteriores.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El Reglamento también dispone que el número del miembros del Comité es definido de común acuerdo de partes, no pudiendo ser menos de 4 ni mayor de 12 miembros. A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de 6 en los empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos a 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales, hasta un máximo de 12 miembros.

Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cado uno de éstos puede contar con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función del número de trabajadores.

Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber por 30 días naturales por año calendario para la realización de sus funciones. En caso las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia será computado en forma proporcional.

El Reglamento dispone que los empleadores deben a solicitar al Sindicato, si hubiere, que convoque a elecciones dentro de los 30 días hábiles de publicado El Reglamento. De no existir organización sindical, el empleador debe proceder a realizar la convocatoria dentro del referido plazo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El empleador debe poner en conocimiento de sus trabajadores el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también al personal de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel que preste servicios subordinados o autónomos en sus instalaciones.

INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ORDENADA COMO CONSECUENCIA DE UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO:

Si como resultado de una inspección de trabajo se constata el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o enfermedad profesional, consignando ello en el acta de infracción.

Una vez culminado el procedimiento sancionador, el expediente se remite a la Dirección General de Inspección del Trabajo para la determinación del daño. Para tal efecto, la Dirección General designará los peritos que correspondan, para que emitan la evaluación pericial, cuyo costo es a cargo del empleador.

En este último supuesto, si los trabajadores no están sujetos al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), la Dirección General emitirá resolución en mérito del resultado del examen pericial y del expediente de inspección, determinando la indemnización en función a una tabla de indemnización que será aprobada por Resolución Ministerial. Por otro lado, en caso de los trabajadores sujetos al SCTR el informe pericial constituye prueba conforme a las reglas de solución de controversias de este seguro.

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES:

En caso de accidente de trabajo mortal, el empleador debe comunicarlo al Ministerio de Trabajo en el plazo de 24 horas, mediante el Sistema Informático que será puesto a disposición de los usuarios en el portal de la página web del Ministerio de Trabajo.

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Las auditorias obligatorias que debe realizar el empleador para comprobar la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo serán obligatorias a partir del 1° de enero de 2013. La Autoridad de Trabajo regulará el registro y acreditación de los auditores especializados, así como la periodicidad de éstas. Excepcionalmente, durante el 2012, los empleadores del sector energía y minas deben ser auditados por quienes figuran en el Registro de Empresas Supervisoras del OSINERGMIN.

Finalmente, debemos señalar que El Reglamento ha derogado el D.S. N°009-2005-TR, sus modificatorias, el D.S. N°012-2010-TR y la Resolución Ministerial Nº 148-2007-TR.

Quedamos de ustedes para absolver cualquier duda y/o consulta que pudiese surgir.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Laboral:

Alberto Varillas Cueto                                       avarillas@garciasayan.com.pe

Jaime Durand Planas                                       jdurand@garciasayan.com.pe

Macarena Morales Mailhe                                mmorales@garciasayan.com.pe

Daniel de la Vega Zavala                                 ddelavega@garciasayan.com.pe

Claudia Seminario Gómez                              cseminario@garciasayan.com.pe

-   Lunes 30 de abril,

-   Viernes 27 de julio,

-   Viernes 31 de agosto,

-   Viernes 2 de noviembre,

-   Lunes 24 y lunes 31 de diciembre.

Los centros de trabajo del sector Privado pueden acogerse a los días no laborales antes dispuestos, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores respecto de la forma en que se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar.  A falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Para fines tributarios, los días declarados como no laborables serán considerados hábiles.

Quedamos de ustedes para absolver cualquier duda y/o consulta que pudiese surgir.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Laboral:

Alberto Varillas Cueto                              avarillas@garciasayan.com.pe

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Macarena Morale Mailhe                         mmorales@garciasayan.com.pe

Daniel de la Vega Zavala                        ddelavega@garciasayan.com.pe

Claudia Seminario Gómez                     cseminario@garcisayan.com.pe

Desde mayo de 2011 y hasta la extinción de la relación laboral, los trabajadores sólo podrán disponer del monto depositado hasta el 70% del excedente de seis remuneraciones brutas.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, la compensación por tiempo de servicios del semestre noviembre 2011 – abril 2012 deberá ser abonada en la primera quincena del mes de mayo próximo.

El monto del depósito es equivalente a tantos dozavos de la remuneración computable([1]) percibida por el trabajador en el presente mes de abril como meses completos haya laborado en el semestre noviembre 2011 – abril 2012. La fracción de mes se deposita por treintavos.

Quedamos de ustedes para absolver cualquier duda y/o consulta que pudiese surgir.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Laboral:

Alberto Varillas Cueto                                    avarillas@garciasayan.com.pe

Jaime Durand Planas                                    jdurand@garciasayan.com.pe

Daniel de la Vega Zavala                              ddelavega@garciasayan.com.pe

Macarena Morales Mailhe                             mmorales@garciasayan.com.pe

Claudia Seminario Gómez                           cseminario@garciasayan.com.pe

El Reglamento se aplica a medidas administrativas o legislativas que se aprueben a partir de la fecha de vigencia del mismo. Respecto a los actos administrativos, las reglas procedimentales  previstas en el Reglamento se aplican a las solicitudes que se presenten con posterioridad a su publicación.

Cabe precisar que el derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado Peruano en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes. A continuación los aspectos más resaltantes del Reglamento:

¿El resultado del proceso de consulta es vinculante?

El resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes.

¿A qué tipo de medidas se aplica el Reglamento?

Se aplica a medidas administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de las distintas entidades que lo conforman, así como a los Decretos Legislativos que se emitan.

También se aplica a las medidas administrativas en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo.

¿Quiénes promueven los procesos de consulta?

El Viceministerio de Interculturalidad ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida.

Los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan aprobar conforme las competencias otorgadas expresamente en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en la Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, y en tanto dichas competencias hayan sido transferidas.

Los gobiernos regionales y locales aplican las disposiciones del Reglamento para los proceso de consulta a su cargo, sin transgredir ni desnaturalizar los objetivos, principios y etapas del proceso de consulta previstos en la Ley, el propio Reglamento y en el marco de las políticas nacionales respectivas.

¿Cuándo una medida legislativa o administrativa afecta directamente a pueblos indígenas?

Se considera que una medida legislativa o administrativa afecta directamente al o los pueblos indígenas cuando contiene aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos.

¿Quiénes son las entidades promotores de dictar medidas administrativas o legislativas objeto de consulta?

Entidad promotora es la entidad pública responsable de dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta en el marco establecido por la Ley y el Reglamento. Las entidades promotoras son:

1. i.  La Presidencia del Consejo de Ministros, para el caso de Decretos Legislativos. En este

supuesto, dicha entidad puede delegar la conducción del proceso de consulta en el Ministerio afín a la materia a consultar.

1. ii.  Los Ministerios, a través de sus órganos competentes.
2. iii. Los Organismos Públicos, a través de sus órganos competentes.

Los Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus órganos competentes, también se entenderán entidades promotoras, conforme a lo establecido en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento.

¿Qué se entiende por medidas administrativas y medidas legislativas?

Las normas administrativas son normas reglamentarias de carácter general, así como el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Las medidas legislativas son aquellas normas con rango de ley que pueden afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

¿Quiénes son considerados pueblos indígenas u originarios?

Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal.

Los criterios establecidos en el artículo 7º de la Ley deben ser interpretados en el marco del Convenio 169, estos son:

 a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.

b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u   ocupan.

c) Instituciones sociales y costumbres propias.

d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.

La población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos.

¿Qué pasa si no hay acuerdo o consentimiento luego del proceso de consulta?

Las consultas deben realizarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas administrativas o legislativas propuestas. No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta.

Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.

¿Se aplica la consulta previa para asuntos relacionados al aprovechamiento de recursos naturales?

Siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del subsuelo, Patrimonio de la Nación, es obligación del Estado Peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencias legales que correspondan en cada caso.

¿Quién identifica a los sujetos del derecho de consulta?

La entidad promotora identifica al o los pueblos indígenas, que pudieran ser afectados en sus derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa, y a sus organizaciones representativas, a través de la información contenida en la Base de Datos Oficial. En el caso la entidad promotora cuente con información que no esté incluida en la Base de Datos Oficial, remitirá la misma al Viceministerio de Interculturalidad para su evaluación e incorporación a dicha Base, de ser el caso.

Sin perjuicio de lo anterior, el o los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, pueden solicitar su inclusión en un proceso de consulta o la realización del mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren pueda afectar directamente sus derechos colectivos.

¿Cuáles son las etapas del proceso de consulta y cuál es el plazo máximo para que se realice?

 El proceso de consulta tiene las siguientes etapas: 

-       Identificación de la medida a consultar y de los pueblos indígenas.

-       Publicación de la medida

-       Etapa de información, la que debe ser oportuna y adecuada.

-       Etapa de evaluación interna: las organizaciones representativas evalúan los alcances e incidencias de las medidas, si es positiva, concluye el proceso de consulta.

-       Etapa de diálogo: cuando existan diferencia entre el Estado y los pueblos indígenas respecto de las medidas. Tiene una duración máxima de 30 días calendario.

-       Etapa de decisión: corresponde únicamente a la entidad promotora y deberá estar debidamente motivada.

El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo es de 120 días calendario, contados a partir de la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la firma del Acta de Consulta.

¿Quién financia el proceso de consulta?

En el caso de medidas legislativas y administrativas de alcance general, corresponde a la entidad promotora financiar los costos del proceso de consulta.

En el caso de consultas de actos administrativos, los costos del proceso se incorporan en las tasas que cubren los costos del trámite de la indicada medida.

¿Las medidas administrativas complementarias también deben ser consultadas?

Cuando una medida administrativa ya consultada requiera, para dar inicio a las actividades autorizadas por ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de carácter complementario, estás últimas no requerirán ser sometidas a procesos de consulta.

 ¿Los pueblos indígenas también participan de los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales?

 Conforme a lo señalado en el artículo 15º del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas, de acuerdo a los mecanismos establecidos por Ley.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área de Recursos Naturales y Medio Ambiente:

José Miguel Morales                           jmmorales@garciasayan.com.pe

Alberto Varillas                                     avarillas@garciasayan.com.pe

Diego Grisolle                                      dgrisolle@garciasayan.com.pe

Samuel Vaisman                                svaisman@garciasayan.com.pe

Rosa Barrios                                       rbarrios@garciasayan.com.pe

Eduardo Ramirez                               eramirez@garciasayan.com.pe

Mariana Devercelli                             mdevercelli@garciasayan.com.pe

Paula Maldonado                               pmaldonado@garciasayan.com.pe

Andrea Peralta                                   aperalta@garciasayan.com.pe