Adecuación del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo a las modificaciones de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

libroEl Decreto Supremo N°016-2017-TR, publicado el 6 de agosto del 2017 en el Diario Oficial El Peruano, ha modificado el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo a fin de adecuarlo a las modificaciones de la Ley N°28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Adecuación al T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General

En primer lugar, se precisa en la norma, que las actuaciones inspectivas se desarrollan conforme a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título IV del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el presente reglamento y en las demás normas que resulten aplicables.

Asimismo, el inicio o desarrollo de las actuaciones inspectivas se llevarán a cabo de acuerdo con los trámites y requisitos regulados en la Ley General de Inspección del Trabajo, en el Reglamento, así como en las restantes normas de desarrollo que se dicten, no siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el Título II del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo por expresa remisión a las mismas.

Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias

Por otro lado, en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante: a) visita de inspección a los centros y lugares de trabajo o b) comparecencia. En el segundo caso, se exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67° y 68° del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Desarrollo de las actuaciones inspectivas

Cabe resaltar que ahora la norma da una mayor regulación al desarrollo de las actuaciones inspectivas. En ese sentido, iniciadas las actuaciones, los inspectores del trabajo ejercen las facultades que sean necesarias para la constatación de los hechos objeto de inspección, conforme a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley General de Inspección de Trabajo y el artículo 238° del T.U.O. de la Ley de Procedimientos Administrativo General.

Continuando con lo señalado y siempre que no perjudique el objeto de las actuaciones de investigación, las visitas a los centros o lugares de trabajo se realizan en presencia del sujeto inspeccionado o su representante, así como de los trabajadores, sus representantes o los de las organizaciones sindicales que les representen o a los representantes de los trabajadores. De no encontrarse en el centro o lugar de trabajo, las actuaciones se realizarán sin la presencia de los mismos, no afectando dicha circunstancia el resultado y validez de la investigación.

Por su parte, la prórroga del plazo para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias autorizadas conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, debiendo notificarse dicha ampliación al sujeto inspeccionado hasta el día hábil anterior al vencimiento del plazo original.

Cabe señalar que el presente Decreto Supremo ha precisado que las medidas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 5° de la Ley General de Inspección de Trabajo se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias, las cuales tienen como plazo máximo treinta (30) días hábiles.

Finalizando con lo directamente relacionado al desarrollo de las actuaciones inspectivas, el Decreto Supremo señala que el inspector de trabajo deja constancia escrita de las diligencias de investigación que practique, adjuntando copia al expediente y dando cuenta, cuando sea el caso, a los sujetos inspeccionados, no requiriendo la actuación de comprobación de datos o antecedentes la comunicación señalada en los párrafos anteriores.

Finalización de las actuaciones inspectivas

En lo relativo a este tema también se han realizado algunos cambios. Así, tenemos que, si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias no se hubiera comprobado la comisión de las infracciones, los inspectores emiten el informe de actuaciones inspectivas, dando fin a la etapa de fiscalización. En estos casos, la autoridad competente dispone el archivo del expediente.

Asimismo, si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores emiten medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. Dicha acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13° de la Ley General de Inspección de Trabajo, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54°.

Por otro lado, una vez finalizadas las actuaciones de investigación o comprobatorias, y siempre que se concluya con la emisión de un acta de infracción, el expediente debe ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la emisión de dicha acta.

Por su parte, finalizadas las actuaciones de consultas o asesoramiento técnico, los inspectores de trabajo elaboran un informe sobre las materias objeto de la asesoría, las acciones realizadas y los consejos o recomendaciones emitidas.

Como último punto importante respecto a la finalización de las actuaciones inspectivas, la norma nos señala que el informe que pone fin a las actuaciones inspectivas se remite a los sujetos comprendidos en los literales a), b) y f) del artículo 12° de la Ley General de Inspección de Trabajo que hubiesen solicitado la actuación inspectiva, en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde su emisión, respetando en todo caso los deberes de confidencialidad y secreto profesional.

Infracciones en materia de seguridad social

Por otra parte, en lo que refiere a infracciones, se precisa que son infracciones leves los siguientes incumplimientos:

  • 1)  No informar a la Administradora de Fondos de Pensiones los casos de suspensión perfecta y del cese o retiro de trabajador.
  • 2)  No entregar la planilla de pago de los aportes retenidos a la administradora de Fondos de Pensiones o entidad financiera designada por ella; o no declarar la planilla de recaudación AFP NET de las Administradoras de Fondos de Pensiones, conforme a lo establecido en el artículo 50° del Decreto Supremo N°004-98-EF; o entregarla con información incompleta.
  • 3)  Entregar al trabajador el “Boletín Informativo” a que se refiere el artículo 15° de la Ley N°28991 fuera del plazo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 009-2088-TR.

Además, son infracciones graves los siguientes incumplimientos:

  • 1)  No dar de baja o dar de baja extemporáneamente, en el sistema de seguridad social en salud, a quien pierde la condición de asegurado.
  • 2)  No afiliarse como conductor de una microempresa al Sistema de Pensiones Sociales, administrado por una Administradora de Fondos de Pensiones o la Oficina de Normalización Previsional, conforme a lo dispuesto por el artículo 66 del Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
  • 3)  Afiliar al trabajador sin previamente haberle entregado el “Boletín Informativo” a que se refiere el artículo 15° de la Ley Nº 28991, Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínimas y complementarias, y régimen especial de jubilación anticipada; o, en caso de habérselo entregado, no respetar los plazos señalados en el segundo párrafo del artículo 16° de la referida ley para la afiliación del trabajador a un sistema pensionario.
  • 4)  No afiliar al trabajador en el sistema de pensiones de su elección o en el que corresponda conforme a ley.
  • 5)  No declarar o no retener los aportes de los trabajadores al Sistema Privado de Pensiones al que esté afiliado.
  • 6)  No retener a los trabajadores el monto por concepto de aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo establecido en la ley y el reglamento de la materia.
  • 7)  No declarar el aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo establecido en la ley y el reglamento de la materia.

Finalmente, son Infracciones muy graves en materia de seguridad social:

  • 1)  La falta de inscripción de trabajadores, u otras personas respecto de las que exista la obligación de inscripción, en el régimen de seguridad social en salud o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean éstos públicos o privados, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado.
  • 2)  No efectuar el pago de todo o parte de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos de los trabajadores afiliados en la oportunidad que corresponda.
  • 3)  No regularizar los aportes adeudados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, que hayan sido cotizados al Sistema Nacional de Pensiones, luego de la incorporación de sus trabajadores al Sistema Privado de Pensiones.
  • 4)  No regularizar los aportes de un trabajador contratado como independiente que, por la condición de los servicios prestados, tiene la calidad de trabajador dependiente, en el correspondiente período, incluyendo los intereses por mora.
  • 5)  No efectuar el pago de los aportes voluntarios en la oportunidad correspondiente.
  • 6)  Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización que ocasionen deducciones fraudulentas en las aportaciones al Sistema Privado de Pensiones.
  • 7)  No declarar o no cumplir con el pago, oportuno e íntegro, del monto retenido a los trabajadores por concepto de aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo establecido en la ley y el reglamento de la materia.
  • 8)  No pagar o pagar de forma incompleta el aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo establecido en la ley y el reglamento de la materia.

Reducción de la multa

Respecto a la regulación relacionada con la reducción de la multa, la norma ahora determina que los beneficios previstos en el artículo 40° de la Ley son aplicables en la medida en que la infracción sea subsanable. Siendo las infracciones subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan ser revertidos. Precisándose que para la aplicación de lo previsto en el numeral 2 del artículo 255° del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el reconocimiento de la responsabilidad deberá ir acompañado del compromiso de subsanar las infracciones en un plazo no mayor de un (1) año. En este supuesto, la reducción de la multa será al 80% de la originalmente propuesta o impuesta.

Eximentes de sanción

Cabe destacar que constituyen eximentes de sanción por la comisión de infracciones las situaciones previstas en los literales a), b), e) y f) de numeral 1 de artículo 255° del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:

  • 1)  Respecto del literal a), deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditados con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público.
  • 2)  Respecto del literal b), que la disposición esté contenida expresamente en una norma con rango de Ley.
  • 3)  Respecto del literal d), que la orden de la autoridad competente esté materializada en el acto administrativo o resolución correspondiente y se encuentre vinculada estrictamente con la imposibilidad de cumplir con la obligación objeto de fiscalización.
  • 4)  Respecto del literal e), que el administrado, antes del inicio de las actuaciones inspectivas, debe estar comprendido en los alcances de la disposición administrativa que origina o contiene el error alegado.

Trámite del procedimiento sancionador

Ahora, en lo relativo a este procedimiento, se han realizado las siguientes modificaciones:

En primer lugar, se precisa que el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio y está compuesto de dos fases, una instructora y otra sancionadora. Los trámites que se realicen durante estas fases deben ser reportados ante la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo a cargo del Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT.

Así, la fase instructora se desarrolla conforme al siguiente trámite:

  1. a)  La fase instructora se inicia en mérito del acta de infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como por infracciones a la labor inspectiva.
  2. b)  Para el inicio de la fase instructora, el instructor debe revisar que el contenido del acta de infracción se encuentre conforme a lo establecido en los literales a), b), e), f), g), h) e i) del artículo 54° del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. De advertir el incumplimiento de alguno de los requisitos, cuando sean subsanables, se requiere al inspector o inspectores responsables efectuar la subsanación pertinente. De ser insubsanable, el instructor archiva los actuados y comunica a la autoridad competente para la adopción de las medidas correspondientes. Esta decisión se comunica al administrado.
  3. c)  En el supuesto previsto en el segundo párrafo del numeral 17.3 del artículo 17°, si la autoridad instructora determina la procedencia del eximente establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 255° del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esta emite el informe correspondiente.
  4. d) Dispuesto el inicio de la fase instructora, se notifica al sujeto o sujetos responsables la imputación de cargos en la que consten los hechos que se les imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir, la expresión de las sanciones que se les pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. La notificación del documento con los cargos imputados incluye a los trabajadores afectados y a las organizaciones sindicales de existir.
  5. e) Luego de notificada la imputación de cargos, el sujeto o sujetos responsables, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, presentan los descargos que estimen pertinentes ante el órgano competente para instruir el procedimiento.
  6. f) Vencido el plazo, y con el respectivo descargo o sin él, el instructor, si lo considera pertinente, realiza de oficio todas las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e información que sea relevante para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.
  7. g) Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento formula un informe final de instrucción en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación del descargo. En este informe se declara la inexistencia de infracción o, de corresponder, determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta.

Por su parte, la fase sancionadora se desarrolla conforme al siguiente trámite:

  1. a) Recibido el informe final de instrucción, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción notifica al sujeto o sujetos responsables el informe final de instrucción, para que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde la referida notificación, presenten los descargos que estimen pertinentes
  2. b) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento.
  3. c) Concluido el trámite precedente, se dicta la resolución correspondiente, teniendo en cuenta lo actuado en el procedimiento, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar los descargos.
  4. d) La resolución correspondiente debe ser notificada al administrado, al órgano o entidad que formuló la solicitud, a quien denunció la infracción, de ser el caso, así como a toda persona con legítimo interés en el procedimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en ambas fases precedentes, en el procedimiento sancionador se observa lo siguiente: 1) Los actos de inicio y trámite en el procedimiento sancionador no son impugnables y 2) El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento.

Contenido de las Actas de Infracción

Por otro lado, respecto al contenido mínimo que debe contener el acta de infracción, se agrega a los requisitos ya establecidos la obligación de señalar La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia.

Recursos administrativos

Asimismo, la norma precisa que los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes:

  1. a) Recurso de Reconsideración: se interpone ante la autoridad de primera instancia que emitió la resolución objeto de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
  2. b) Recurso de Apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten.
  3. c) Recurso de Revisión: es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. Los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso se desarrollan en el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, se establece que el término para la interposición de estos recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, y serán resueltos en el plazo de treinta (30) días hábiles, salvo en el caso del recurso de reconsideración, que será resuelto en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

Finalmente, se establece que el Sistema Informático de Inspección de Trabajo – SIIT incluirá el registro de los sujetos infractores beneficiados con la reducción de la sanción prevista en el artículo 40° de la Ley General de Inspección del Trabajo y en los artículos 49° y 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Incluyéndose en dicho sistema el registro de medidas de advertencia o recomendación emitidas por el inspector de trabajo.

Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con los abogados de nuestra Área Laboral: Alberto Varillas Cueto, Jaime Durand Planas, Macarena Morales Mailhe, Claudia Seminario Gómez, Sara Kalinicos García, José Andrés Piedra Pereira y Fressia Sánchez Tuñoque.


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